Comentario
El caso peruano se diferenció bastante de los anteriores ejemplos, pese a contar también con un gobierno militar. En realidad estaríamos frente a un caso de populismo autoritario, caracterizado por su orientación antioligárquica, su objetivo de industrializar el país a la vez que aumentar la presencia del Estado en la economía y el deseo de incorporar a los sectores populares (especialmente a los grupos indígenas y campesinos) a la vida política, de la que habían sido sistemáticamente marginados en el pasado. Estas circunstancias le restaron el apoyo de las elites políticas y económicas, a la vez que permitieron una utilización menos dura y sistemática de la represión.
Las elecciones de 1962 fueron ganadas por Haya de la Torre y el golpe militar que se opuso a su triunfo colocó en el poder a Fernando Belaúnde Terry. Belaúnde intentó promover un gobierno de corte desarrollista, pero su gestión fue acompañada por la devaluación de la moneda y el incremento del endeudamiento exterior. La difícil situación económica y el aumento de la violencia guerrillera condujeron a un nuevo golpe militar en 1968, de características nacionalistas y populistas, que intentó desmontar el poder oligárquica y acabar con la dependencia del extranjero. El gobierno militar se extendió hasta 1979 y en su primera etapa (1968-1975), el proceso fue encabezado por el general Velasco Alvarado, que intentó una gestión de corte izquierdista y antiimperialista. En un segundo momento (1975-1979), el general Francisco Morales Bermúdez aplicó una política más moderada, que intentó el retorno de los militares a los cuarteles.
En 1977 el gobierno militar dio a conocer el plan Tupac Amaru para propiciar el retorno a la democracia. En 1978 se convocó a elecciones para una Asamblea Constituyente y al año siguiente se sancionó una nueva Constitución en reemplazo de la de 1933. En 1980 se realizaron elecciones presidenciales de acuerdo con la nueva Constitución, que fueron ganadas por Belaúnde, candidato de la Acción Popular, con el 43 por ciento de los votos, frente al aprista Armando Villanueva del Campo, que sólo obtuvo un 25 por ciento. junto con los problemas económicos, Belaúnde tuvo que afrontar el recrudecimiento de la acción terrorista de Sendero Luminoso. Sin embargo, el electorado giró hacia la izquierda y en las elecciones de 1985 resultó triunfador Alan García, el candidato aprista, con el 53 por ciento de los votos. Por primera vez desde 1912 se producía el traspaso de poderes entre dos civiles y por primera vez en la historia del Perú un militante del APRA ocupaba la presidencia. La consolidación del proceso continuó, pese a las dificultades económicas y a la persistencia de la barbarie senderista, que hicieron descender el respaldo electoral del APRA. La falta de una salida clara permitió que Alberto Fujimori, respaldado por el movimiento Cambio 90, se impusiera en las elecciones presidenciales de 1990 a Mario Vargas Llosa, que contaba con el apoyo de la derecha para aplicar un programa de ajuste muy duro basado en la liberalización y en la desregulación de la economía.
Otro grupo de países estaría integrado por los regímenes que, según Guillermo O'Donnell, se denominarían "tradicionales". Estos regímenes tienen altos componentes patrimonialistas y son bastante proclives a transformaciones revolucionarias, como ocurrió conla Nicaragua de Somoza o la Cuba de Batista. Si bien el Paraguay de Alfredo Stroessner se incluye en este grupo, el marco internacional de fines de los años 80 y la debilidad de los grupos de oposición hicieron posible una transición más pacífica y ordenada.
El dominio de la familia Somoza sobre Nicaragua se extendió entre 1936 y 1979: Anastasio Somoza García (1936-1956), Luis Somoza Debayle (1957-1963) y Anastasio Somoza Debayle (1967-1979), ocuparon la presidencia de forma sucesiva. Gracias al control de la Guardia Nacional, los Somoza dominaron el país de un modo personalista y utilizaron los recursos del Estado en su beneficio. Algunos sectores de la burguesía plantearon un Diálogo Nacional, que fracasó ante la cerrazón del régimen. La situación se fue degradando y tuvo uno de sus puntos álgidos en enero de 1978 con el asesinato del líder de la conservadora Unión Democrática de Liberación, Pedro Joaquín Chamorro, que también dirigía el diario La Prensa. Este hecho permitió consolidar y ampliar al Frente Amplio Opositor, gracias a la incorporación de grupos burgueses y católicos.
Una pieza clave en la lucha contra Somoza era el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), un movimiento guerrillero de inspiración guevarista surgido al comienzo de los años 60. El FSLN incluía a grupos marxistas leninistas y a otros más moderados, como el liderado por Edén Pastora. Su ideología intentaba conciliar el pensamiento de Sandino con el nacionalismo y el antiimperialismo, reconociendo al marxismo leninismo como un método de análisis adecuado. La postura inicial de la administración Carter ante el agravamiento de la situación fue ambivalente, pero el avance sandinista y la actitud de los principales grupos de oposición democrática hicieron que el gobierno de los Estados Unidos abandonara a su tradicional aliado. El 19 de julio de 1979 los sandinistas ocupaban Managua y aprovecharon su papel protagonista en la revolución y su poderío militar para hacerse con el poder en detrimento de los otros miembros de la coalición antidictatorial.
Hasta finales de 1989 la oposición antisandinista, tanto la interna como la externa, se negó a dialogar con el gobierno. Tampoco participó en las elecciones de 1984, boicoteadas por la Coalición Democrática Nicaragüense de Arturo Cruz. Al mismo tiempo que pedía la democratización y la reconciliación, la oposición apoyaba, y en algunos casos dirigía, la guerra de la contra. En las elecciones de 1984, que llevaron a Daniel Ortega al gobierno, el Frente Sandinista obtuvo el 67 por ciento de los votos. Los comicios se celebraron en medio de la guerra y en condiciones difíciles e irregulares, especialmente por la ausencia del principal grupo de la oposición, la Coordinadora Democrática. Su participación fue bloqueada por los norteamericanos, que estaban convencidos del triunfo sandinista y no querían legitimarlo.
Para terminar con el bloqueo exterior y el acoso de la contra el gobierno se planteó la pacificación del país. En este marco se sancionó la Constitución de 1987, un texto democrático y pluralista y en 1988 se aprobó una nueva ley electoral. Después de algunas negociaciones con la oposición, que objetaba la composición del Consejo Supremo Electoral, la ley se modificó en 1989 y se convocó a elecciones generales. La negociación terminó en agosto de ese año con la firma del Acuerdo Político Nacional que contemplaba la desmovilización de la contra, la suspensión del reclutamiento militar hasta pasadas las elecciones y la participación en las mismas de todos los partidos firmantes. Una vez aceptada su participación en los comicios de 1990, la oposición se organizó en una gran coalición electoral, la Unión Nacional Opositora (UNO), integrada por catorce partidos, que tenían como común denominador su antisandinismo. El triunfo de Violeta Chamorro supuso el inicio de importantes cambios políticos en Nicaragua.